En relación a la noticia aparecida en prensa con fecha de 23 de marzo de 2022 bajo el titular “Los sanvicenteros pagarán 30.000 euros más por un servicio de limpieza y de basura obsoleto” donde se relataba textualmente lo siguiente: “Y la lectura política de que hay marejada dentro del grupo socialista, con diversos puntos de vista. El del alcalde, más proclive a hacer un nuevo pliego, adaptándose a las nuevas realidades del municipio, como así manifestó públicamente; y el criterio de la edil de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Pilar Alcolea, que es el que finalmente se ha impuesto, de mantener la redacción tal y como estaba cuando salió a licitación en octubre de 2020”, he de manifestar lo siguiente:
PRIMERO. Lamento profundamente que trascienda a la opinión pública una versión totalmente contraria a la realidad, ya que desde el momento en el que este expediente de contratación fue anulado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) no he cejado en el empeño de impulsar un nuevo expediente actualizado a la versión moderna y medioambiental que requiere el servicio.
SEGUNDO. Desde el minuto 0 en el que recibimos la Resolución del TACRC y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig desistió de la licitación, desde la Concejalía de Servicios Urbanos y Mantenimiento hemos mantenido una actitud activa y propositiva donde se han analizado todas las opciones disponibles en un debate político-técnico.
TERCERO. Además del análisis propio de la gestión municipal, esta concejalía ha mantenido reuniones con ingenieros y ambientólogos especializados en recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Limpieza Viaria (LV), en aras de un mayor asesoramiento técnico.
CUARTO. Entre las conclusiones más relevantes que esta concejal ha podido conocer por parte de los técnicos especializados con respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del contrato “tumbado” por el TACR, así como reuniones con empresas y representantes de los trabajadores, han sido las siguientes:
- Desfase de la contabilidad analítica del contrato, con costes actuales de medios materiales y maquinaria desfasados con respecto a los que figuran en los pliegos, que datan de 2019. En algunos importes unitarios los aumentos de precios oscilan entre el 20 y 30%.
- No se contempla la subida del IPC ni en los medios materiales y maquinaria, ni en los costes salariales de las
- Inseguridad jurídica para los licitadores que realizaron ofertas en el anterior procedimiento ya que ahora tienen que replantear sus proyectos después de abrirse sus ofertas, hecho por el que algunas empresas ya nos han advertido que recurrirán el contrato en cuanto se abra el nuevo plazo de presentación de ofertas.
- Los sindicatos mayoritarios tanto en RSU, como en LV, han hecho saber a esta concejalía que de tramitarse los mismos pliegos plantearán denuncias al no respetarse el convenio laboral vigente, ni el número de trabajadores
- Recomendaciones de rebajar los criterios subjetivos en el PCAP en aras de una mayor transparencia y acercamiento a los estándares modernos de compliance en contratación pública, recomendados por la Fue en la fase de valoración subjetiva cuando se excluyeron a varias empresas que luego recurrieron al TACRC y éste les otorgó la razón.
QUINTO. Que tras conocer esta información y datos técnicos, el PUNTO DE VISTA y criterio honesto y transparente expresado por esta concejal en el seno del Equipo de Gobierno y en las reuniones técnicas SIEMPRE ha sido el de impulsar un nuevo contrato con pliegos renovados y actualizados a las exigencias de 2022 y no con los planteamientos de 2019.
SEXTO. El punto de vista y criterio de esta concejal ha sido puesto en conocimiento del Equipo de Gobierno en sendas reuniones, con asistencia de los grupos políticos del PSOE, EU y Podemos. El Equipo de Gobierno al completo conoce el criterio de la Concejalía de Servicios Urbanos y Mantenimiento, que no es otro que el de generar unos nuevos pliegos actualizados y que eviten más que probables problemas administrativos e incluso judiciales con los pliegos de 2019.
SÉPTIMO. Esta concejal no IMPONE su criterio en las reuniones dentro del Equipo de Gobierno. Esta concejal expresa su opinión y su voto en un gobierno democrático, donde lo importante no es la imposición de criterios sino la riqueza de la pluralidad de ideas, donde la individualidad no es lo importante, sino el colectivo, y en este caso, pese a mi opinión clara y honestamente expresada, acato las mayorías políticas, así como los criterios técnicos de peso.
OCTAVO. Es por todo ello, que los grandes contratos de esta ciudad, del mismo modo que los grandes proyectos e inversiones, son decisiones que pertenecen al Equipo de Gobierno y al Pleno de la Corporación. Esta concejal no es quien decide unilateralmente el futuro de los próximos 10 años de un servicio tan esencial como el de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, por tanto, será el Equipo de Gobierno y el Pleno municipal quienes tomen la decisión final y que yo acataré.
NOVENO. Se envía copia del presente comunicado a los grupos políticos que forman parte de la vida municipal de San Vicente del Raspeig: PSOE, EU, Podemos, Ciudadanos, PP, Vox y Compromís.
