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La Policía Nacional ha detenido al dueño de una fábrica de palets en San Vicente del Raspeig y a su encargado por tener en condiciones laborales de semi-exclavitud a trabajadores de origen africano

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Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado mes de agosto a un empresario de San Vicente del Raspeig y al encargado de la empresa, por sendos delitos contra el derecho de los trabajadores y amenazas, al tener en condiciones de semi-exclavitud laboral a ciudadanos de origen africano reparando palets, por el que percibían un mísero sueldo sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas que formuló a principios del mes de julio, haciéndose cargo de las investigaciones el Grupo 3 de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF-3) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Alicante, estableciéndose un dispositivo discreto de vigilancia sobre la empresa y el supuesto lugar donde el empresario recogía a los trabajadores para llevarlos a su nave ubicada en el polígono industrial de El Canastel de San Vicente del Raspeig.

Fruto de las vigilancias efectuadas, el grupo investigador pudo concretar que, de lunes a viernes a la misma hora , el empresario detenido, recogía con la furgoneta de la empresa en un punto del barrio de Virgen del Remedio de Alicante a un grupo de individuos de origen africano y se desplazaban hasta la nave, donde permanecían hasta las siete de la tarde, momento en que los llevaba de nuevo hasta el punto de recogida y los sábados regresaban a las doce y media.

Jornadas maratonianas de doce horas seguidas por un sueldo de entre 2,5 euros y 0,58 céntimos la hora.

Las pesquisas realizadas pudieron concretar que, los trabajadores, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, realizaban turnos de doce horas seguidas y percibían un salario de entre 600 a 700 euros al mes, unos 2,5 euros la hora los que trabajaban todos los días y a aquel que trabajaba once días al mes en jornadas de doce horas se le pagaba a 0,58 euros la hora y que incluso si no iban al trabajo por encontrarse enfermos o, como declaró alguna de las víctimas por ir a vacunarse contra el COVID19, les descontaban 25 euros, recibiendo amenazas de muerte cuando reclamaban más salario, por parte de quien hacía de encargado en la empresa también de origen africano.

Ante tales jornadas maratonianas en condiciones de semi-exclavitud a las que estaban sometidos los trabajadores, aprovechándose de su situación irregular en España, con un paupérrimo sueldo, recabados todos los indicios probatorios que daban claras sospechas de que se estaba produciendo un delito contra los derechos de los trabajadores, los investigadores, coordinaron la investigación con la Inspección de Trabajo de Alicante, con el fin de realizar una inspección en la empresa.

La explotación del operativo se saldó con las detenciones del empresario y del encargado de la empresa, que reclutaba a sus compatriotas y les amenazaba, así como la identificación de los 7 trabajadores que había allí bajo las condiciones descritas.

El empresario detenido, de nacionalidad española y 43 años de edad, sin antecedentes previos, junto con el encargado de nacionalidad senegalesa, de 44 años de edad, con antecedentes anteriores, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma localidad donde fueron detenidos.

Un delito que proporciona grandes beneficios a las mercantiles

En este tipo de delitos, el empresario, además de atentar contra la integridad de las personas, se aprovecha de la situación irregular del trabajador para someterle a verdaderas condiciones discriminatorias, donde además de recibir un mísero sueldo muy por debajo del salario mínimo estipulado, carecer de cualquier tipo de derecho del trabajador, como son las vacaciones anuales, incrementan el lucro de la sociedad mercantil, ya que no tiene que hacer frente a los gastos correspondientes de un trabajador en régimen de alta en la Seguridad Social.

Es por ello, que desde la Policía Nacional se informa a la ciudadanía de que, en el caso de estar sufriendo este tipo de explotación laboral, se dirijan a las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano para denunciarlo, para que los grupos especializados puedan desarticular este tipo de entramado empresarial, lacra para los trabajadores y la economía de un país.

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