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Ecologistas en acción consideran una negligencia por parte de las autoridades al informar que el humo del incendio de la fábrica de derivados del caucho no era tóxico

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El incendio reciente de una fábrica de productos derivados del caucho en nuestro municipio, produjo una intensa humareda negra, que sin duda, ha liberado cientos de productos tóxicos, ya que sólo la combustión de estos productos y otros que pudiera haber asociados a la actividad industrial, produce sustancias tóxicas. Como en casos estudiados similares, de incendios de vertederos de neumáticos o de otras industrias, se ha podido constatar la liberación de sustancias como: mercurio, plomo, óxido de zinc, dioxinas, furanos, HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos) y benzopireno, además de gran cantidad de monóxido de carbono. El humo producido y este tipo de partículas dispersadas atacan directamente al sistema respiratorio, lo que provoca asma, asfixia y consecuencias más graves como cáncer pulmonar. Siendo los niños y niñas, los fetos, los bebés lactantes, personas mayores, asmáticas o personas inmunodeprimidas las más vulnerables.

Denunciamos que no se puede trasmitir a la ciudadanía que se encierre en sus casas, y al mismo tiempo decir que el humo no es tóxico sin haber tomado mediciones de las sustancias que había en el aire y sin que el incendio se hubiera extinguido completamente. Consideramos, por tanto, negligente el comportamiento de la administración local y nos preguntamos ¿Se han tomado muestras del aire para descartar la supuesta no toxicidad? ¿Qué protocolo de actuación se ha llevado a cabo y que protocolos sanitarios se han seguido y se van a seguir?

Desde Ecologistas en Acción Raspeig-GREMA, se reclamará al Ayuntamiento más información sobre las medidas y protocolos de actuación que se siguieron tras el incendio.

Por todo ello, denunciamos que minimizar la peligrosidad del humo del incendio de la fábrica es una negligencia y una dejación de funciones de la administración local, que ponen con esta actitud en riesgo la salud de la ciudadanía y suponen un atentado contra el derecho a la salud y al medio ambiente.

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