El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificó en referéndum la Constitución Española, la norma suprema que rige nuestro ordenamiento jurídico. Ya desde su nacimiento, la Carta Magna tuvo vocación de consenso, fue un ejemplo de entendimiento y supuso un vehículo jurídico que facilitó sobremanera el cambio de régimen político, dando pasos firmes y sólidos hacia una recién parida entonces, España democrática.
Han pasado ya 39 años. La sociedad española ha avanzado. La democracia casi embrionaria de aquellos años es ahora un ejemplo de madurez, con un recorrido unificador que ha sabido superar contextos sociales, económicos y políticos de diverso calado, más o menos amables o convulsos. Estoy convencido de que la base de nuestro ordenamiento jurídico ha sido la clave de la solidez de nuestro desarrollo democrático. Pero madurez no implica perfección, más bien aprendizaje, y el aprendizaje es una labor de todos los agentes sociales.
Es responsabilidad de los ciudadanos ejercer como constitucionalistas, porque ninguna ley, ninguna norma, ningún marco jurídico, tiene sentido sin el pueblo al que va dirigido; mientas que, corresponde a los poderes públicos, la responsabilidad de habilitar los mecanismos para hacer posible el cumplimiento de los principios que promulga. De esta forma, con la implicación de todos, la Constitución se mantendrá viva y con ella, nuestro sistema democrático. No debemos tener miedo a avanzar hacia un modelo que se adapte al siglo XXI, a los actuales derechos sociales básicos, a un modelo territorial perfilado y definido, y a nuestra vocación europeísta.
Las nuevas generaciones de españoles, aquellos y aquellas que no vivieron la Transición, no concebirían su presente en una España sin que la libertad fuera el valor superior del ordenamiento jurídico, sin pluralismo político, sin que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley o sin una separación entre poderes que garantice la independencia y eficacia del sistema, entre otros muchos principios democráticos. Pero todo esto, a lo que nos hemos acostumbrado con tanta facilidad volviendo vaga la memoria, es el fruto de un amplio consenso en las Cortes y en las urnas, en una etapa social y política de grandes dificultades donde, sin embargo, el diálogo y la pluralidad fueron los rasgos imperantes por el bien común de todos los españoles.
Sigamos pues ese ejemplo. Hoy es un día para felicitarnos por haber conseguido cerca de cuatro décadas de estabilidad democrática, pero también de hacer propósito, el de ponernos manos a la obra para seguir sumando progreso, consenso y futuro democrático. Esa es la forma de conseguir una España todavía más justa, libre e igualitaria, sembrando el germen de la confianza en nuestras instituciones y en un sistema jurídico amparado en una Carta Magna que avance en paralelo a las necesidades de su sociedad.
