Podemos San Vicente y Sí Se Puede San Vicente asesoraran a la ciudadanía como ya han hecho en ediciones anteriores, para la tramitación de las ayudas de alquiler de Generalitat Valencia para residencia habitual. El periodo de tramitación de dichas solicitudes esta ya abierto y se podrán presentar hasta el próximo 8 de marzo.
El importe de la ayuda podrá alcanzar hasta el 40% del alquiler con un máximo 2880 euros / anuales con carácter general y hasta un 50% para casos de especial vulnerabilidad, cuando todos sus miembros de la unidad de convivencia sean mayores de 65 años o menores de 35 años.
PODRÁN OPTAR A ESTAS AYUDAS:
* Las unidades de convivencia cuyos los ingresos totales no sean superen 3 veces el IPREM, (22365€/brutos anuales) con excepción de algunos supuestos en los cuales si se podrán superar, como el de las familias numerosas o personas con diversidad funcional, enfermedad mental etc.
* En el caso de San Vicente el límite máximo de alquiler mensual para poder optar a estas ayudas de alquiler no podrán exceder de los 540 € mensuales.
* Se subvencionaran los recibos de alquiler desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.
En definitiva, esto supone una ayuda de la que se puede beneficiar una gran parte de la ciudadanía, prueba de ello son las más de ciento sesenta familias que ya asesoramos el año pasado y las más de cuarenta que ya nos han solicitado asesoramiento en este año. Por ello, Sí Se Puede San Vicente quiere difundir y ofrecer apoyo y asesoramiento para su tramitación en la oficina que este grupo tiene en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig planta 3ª despacho 5ª.
También y desde la Sede de Podemos San Vicente en su sede de C/ Dr. Fleming 87-89 los días 25 de febrero y 6 de marzo ofrecerá asesoramiento en horario de 19:00 a 21:00 horas.
Porque creemos que en la necesidad de informar, apoyar y asesorar a la ciudadanía, a fin de que la misma opte a las ayudas a las que tienen derecho. Siendo conscientes de que de nada sirve el que existan unas ayudas o subvenciones por parte de las administraciones públicas, si la ciudadanía no conoce su existencia o no las tramita al no ser consciente de que tiene derecho a ellas.
