El Ayuntamiento de San Vicente va a abrir expediente de restauración de la legalidad urbanística a tres construcciones en la partida de Boqueres sobre suelo no urbanizable de Protección Ecológica. En concreto, las parcelas se encuentran incluidas en el ámbito protegido Natura 2000, en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Riu Montnegre.
Los expedientes, que se llevan a aprobación a la próxima Junta de Gobierno Local a propuesta de la concejala de Urbanismo, Mariló Jordá, se trasladarán al Ministerio Fiscal, para determinar la existencia de posibles delitos contra la ordenación del territorio, y también a la conselleria competente en materia de agricultura y medio ambiente.
Las resoluciones parten de sus correspondientes actas de inspección urbanística emitidas por la Policía Local de San Vicente. En una de ellas se ha documentado la instalación de una edificación de madera ejecutada in situ, con un uso previsible de vivienda, ya que dispone de instalación de placas solares y calentador de agua y de una balsa desmontable. En otra se denuncia la construcción de un vallado con bases prefabricadas del hormigón y la instalación de una caravana y un depósito de agua. Y la tercera resolución se ha dictado por un vallado de malla metálica cinegética y postes metálicos, edificación de madera ejecutada in situ para uso de vivienda, instalación de madera como almacén, instalación de caravana, depósito de agua, balsa y ejecución de escalera de madera.
Mariló Jordá ha declarado que el Ayuntamiento “vela por el cumplimiento de las normas urbanísticas” y ya tiene ultimados los expedientes contra estas edificaciones que de forma ilegal se han levantado en una zona especialmente protegida como el Sabinar. En los tres casos el Ayuntamiento concede a los responsables de las edificaciones trámite de audiencia por plazo de un mes para presentar alegaciones.
El Ayuntamiento se ampara en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para trasladar el expediente a la Fiscalía. Según el artículo 42 del real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre “cuando con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística o contra la ordenación del territorio aparezcan indicios de carácter de delito del propio hecho que motivó su incoación, el órgano competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores”.
También en esta zona de especial protección la Policía Local ha levantado acta de un movimiento de tierras en un recinto acotado para el vuelo de drones. La zona se ha vallado con cerramiento metálico sujeto con pies de hormigón. El Ayuntamiento ha remitido esta acta a la Administración Autonómica.
