La Asociación Empresarial de Polígonos Industriales de San Vicente (AEPI) y el Ayuntamiento están impulsando la creación de una Entidad de Gestión y Modernización (EGM) para mejorar la administración del Canastell y, por tanto, aumentar la competitividad de las empresas instaladas en este espacio de actividad industrial.
El presidente de AEPI, Juan Gran, ha explicado que tras la aprobación de la Ley de Gestión, Promoción y Modernización de Áreas Industriales “se inicia un periodo decisivo de intenso trabajo entre las Asociaciones Empresariales y la Administración Pública”.
Para el alcalde, Jesús Villar, el fomento de la actividad empresarial es una responsabilidad de los gobiernos municipales porque la industria es uno de los pilares económicos del municipio, generador de riqueza local y empleo, y el Ayuntamiento de San Vicente siempre ha trabajado codo con codo con la Asociación de Empresarios.
La concejal de Industria, Asun París, ha asegurado que el Ayuntamiento ha estado pendiente del desarrollo que ha tenido esta Ley dada su importancia para el tejido productivo de San Vicente. Desde el Consistorio se va a convocar una reunión informativa el próximo 4 de diciembre, con presencia de miembros de la Generalitat Valenciana, a la que se espera una afluencia masiva de empresarios de las áreas industriales de San Vicente.
La nueva Ley se basa en la cooperación público privada para poner en valor las áreas industriales, y por ello se debe crear la figura de la EGM. En San Vicente, la AEPI lleva más de diez años trabajando como miembro de FEPEVAL, para sacar adelante esta Ley. Y desde su reciente aprobación, también lo esta haciendo con el Ayuntamiento de San Vicente, que sabe de la importancia de tener polígonos industriales que, con una gestión eficiente, sean polos de atracción para nuevas empresas, y por tanto, se genere empleo tanto en cantidad como en calidad. Hay que tener en cuenta que más del 50% del PIB se genera en las áreas iIndustriales, y suelen contar con menos servicios que otras áreas urbanas.
Con la entrada en vigor de esta Ley, pionera en el territorio nacional, se pretende además acabar con la insolidaridad de algunos empresarios que se benefician de unos servicios que no pagan, como la vigilancia y seguridad. En el Polígono Canastell, por ejemplo, se dispone de vigilancia, pero al tratarse de un polígono con mucha antigüedad la asociación es voluntaria y, por tanto, pagan solo las empresas asociadas, aunque todos se benefician de dicho servicio.
Esto no ocurre en otras áreas industriales más modernas, donde cada propietario o inquilino de nave contribuye al mantenimiento, como en cualquier comunidad de vecinos.
